Por Eduardo Luis Aguirre |

Los diarios nacionales dan cuenta que “la actividad industrial volvió a encender una luz roja para el programa económico de Javier Milei. La industria se desplomó 5% mensual desestacionalizado en julio, cayó 4,9% contra el mismo mes del año pasado y acumula una contracción del 2,6% durante los primeros siete meses de 2026, según informó el Indec” (1). Vale decir, se trata de una información oficial que emerge del propio gobierno nacional.
Esa deriva alarmante de la industria nacional, que no solamente afecta dramáticamente a las PYMES, es un dato inherente al proyecto gubernamental, que ha puesto en palabras su desdén absoluto respecto del sector manufacturero local.
En la mirada de este liberalismo extremo hay una predilección absoluta por priorizar los grandes experimentos extractivos de cobre, oro, tierras raras, litio, petróleo, gas y las clásicas exportaciones agropecuarias. Concomitantemente, la Rosada ha explicitado una clara desvalorización de la burguesía nacional como parte integrante e imprescindible de la nación como categoría histórica. Un debate que en nuestro país viene de antaño, incluso -paradójicamente- entre las izquierdas clásicas. No hay más que recordar aquellas riquísimas polémicas entre Milcíades Peña (desde su recordada revista Fichas) y Jorge Abelardo Ramos.
Lo cierto es que en este siglo XXI, problemático y febril, la derecha gubernamental ha decidido cambiar la matriz productiva nacional y confiar en que la extracción y comercialización valor de estas nuevas explotaciones, especulan, van a “desestresar” las acuciantes obligaciones externas y la constante demanda de dólares porque es dable suponer que el país contará en el futuro con sumas suficientes en moneda fuerte.
Ahora bien, tanto el embajador plenipotenciario Peter Lamelas, como el Secretario de Energía Luis Lucero han coincidido en criticar las leyes de “compre local”, por considerarlas “una barrera interior” y por ende inconstitucionales. El funcionario ha sido el más enfático en su espíritu colonial unitario. “En el Forbes Mining Summit, Luis Lucero criticó las normas que exigen porcentajes de contratación local y planteó la necesidad de alcanzar un consenso federal para eliminarlas. Sostuvo que esas obligaciones restringen la circulación de trabajadores y destacó que las empresas tienen incentivos económicos y sociales para contratar en las comunidades cercanas a sus proyectos” (2). Lucero fue categórico. “Destacó el papel del RIGI en la reducción de la carga tributaria, que, según explicó, permitió mejorar la competitividad frente a países como Chile y Perú, especialmente en cobre. A esas condiciones locales sumó un factor de demanda: la transición hacia la electromovilidad, que requiere litio y cobre, dos minerales que el país tiene en abundancia”.
“En litio, el funcionario presentó cifras que reflejan la expansión de la actividad: la capacidad instalada creció un 170% en los últimos dos años y medio, mientras que las operaciones pasaron de tres a fines de 2023 a siete en la actualidad. “No todas ellas están hoy al 100 % de su capacidad de producción, porque están haciendo el proceso de ramp up, y eso toma su tiempo”, explicó. Algunas ya alcanzaron el 90% de su capacidad y otras avanzan más lentamente. Para 2035, proyectó una producción de unas 650.000 toneladas anuales, con expectativas de ubicar al país entre los principales productores del mundo”. En lo que hace al cobre, Lucero señaló que “Argentina puede convertirse en el tercer gran jugador en la región detrás de Chile y de Perú, con más o menos 1,5 millones de toneladas por año, de acá a 9 años”. Pero para que todo eso se lograra, habría que derogar o acordar nuevas reglas relativas al protectivo “compre local”. El argumento es el que ya adelantamos “Ese tipo de normas provinciales son, jurídicamente hablando, inconstitucionales, porque son una aduana interior que frena la circulación de riqueza y de personas dentro del país”.
Dicho esto, en el marco del nuevo aceleracionismo capitalista, hay provincias que van a conformar emiratos australes, seguramente con una peruanización progresiva de sus sociedades (como dice Fabián Calle: “El mundo no es justo”). Pero, indudablemente, sus PBI y su potencialidad habrán de crecer de una manera exponencial, siempre estando a las expectativas y anuncios oficiales. Pues bien, La Pampa habría de quedar, como una anomalía geoestratégica, rodeada por ese nuevo despliegue económico, tecnológico, demográfico y también cultural. No posee ninguna de las potenciales riquezas a explorar (no se ha oficializado todavía la constatación de algunos estudios académicos que señalan la posibilidad de la existencia de tierras raras y resta sólo viabilizar y explotar el petróleo que queda en una provincia “con petróleo, pero no petrolera). Además, por si esto fuera poco, el acceso al agua sigue siendo nuestra espada de Damocles, sobre todo si este elemento se mensura a la luz de las demandas de estas explotaciones. Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Buenos Aires, Río Negro y otros estados provinciales se aprestan a habilitar cambios copernicanos en sus respectivas estructuras productivas. Me permito entonces indagar si esas nuevas fuerzas extractivas no terminarán por reducir a nuestra Provincia a un lugar de tránsito y extrema mediterraneidad que, además, tendrá sus rutas destruidas y acaba de ser privada por el gobierno nacional de sus regalías en Los Nihuiles, en una decisión anunciada por el propio gobernador mendocino y publicada en el Boletín Oficial. ¿Será posible que esas relaciones de fuerzas desparejas puedan emparejarse con la expansión de nuestras fronteras productivas tradicionales? ¿Es posible pensar que una explotación más intensiva y/o extensiva de nuestra ribera del Río Colorado, en la medida que el COIRCO lo facilite, pueda expandir su producción para acercarse al menos mínimamente al boom del vecindario? ¿O será que esta Provincia, dibujada a hachazos centralistas, donde la naturaleza no ha sido pródiga en su ayuda pierda en estas disputas de desarrollo sobreviniente? ¿cuál sería la dimensión de esas debilidades? ¿Cómo afectaría esa precariedad comparativa a un territorio donde la salud, la educación, los servicios públicos, el espíritu cooperativo, las rutas y las cuentas públicas fueron siempre, con sus consabidas manquedades, un ejemplo para el resto del país? La Pampa siempre tuvo indicadores sociales ponderables. Esta nueva geopolítica libertaria ¿permitirá que podamos conservar nuestro capital social?
Pero más preocupante aún, en términos de presente y de futuro, es el desconocimiento que tenemos acerca de si nuestros gobernantes y administradores están pensando actualmente estas nuevas complejidades. Si hay un estado profundo que articule un pensamiento sobre lo complejo, y particularmente sobre estas dificultades sobrevinientes. ¿Alguien se ocupa de pensar sistemáticamente y con profundidad estas problemáticas en La Pampa? ¿Hay un ámbito oficial que conjugue y articule las nuevas realidades que se aproximan a paso redoblado? Desearía, con toda convicción, que así fuera. Y que prontamente arriben a estrategias anticipatorias para destrabar las dudas y encontrar los nuevos y tal vez necesarios ejes geoestratégicos.

(1) https://www.lapoliticaonline.com/economia/la-industria-se-desplomo-5-y-los-economistas-advierten-que-la-economia-paso-del-estancamiento-a-la-caida/
(2) https://www.forbesargentina.com/summit/el-secretario-mineria-cuestiono-leyes-provinciales-compre-local-son-inconstitucionales-n97154/amp