*Por Alberto Gurruchaga. |

La transformación del trabajo no solo está modificando las relaciones económicas. También está cambiando las demandas sociales y la relación de los trabajadores con el Estado.
Si la inteligencia artificial acelera el debilitamiento de la sociedad organizada alrededor del empleo asalariado, como planteamos en el artículo anterior, surge una pregunta inevitable: ¿qué tipo de Estado demandará una sociedad integrada crecientemente por trabajadores independientes, emprendedores, cuentapropistas y personas que alternan períodos de ocupación, informalidad y desempleo?
Durante buena parte del siglo XX, el trabajador asalariado constituyó una de las principales bases sociales del Estado de bienestar. La estabilidad laboral, la negociación colectiva, la seguridad social y los derechos laborales construyeron una relación relativamente clara entre trabajo, organización sindical y protección estatal. El trabajador demandaba al Estado regulaciones, garantías y mecanismos de redistribución que equilibraran su relación con el capital.
Pero esa estructura comienza a modificarse. Los nuevos trabajadores, especialmente aquellos vinculados con plataformas digitales, servicios independientes y pequeños emprendimientos, desarrollan una relación diferente con el Estado. Ya no necesariamente se reconocen como integrantes de una clase trabajadora que necesita protección colectiva. Muchos se perciben como unidades económicas individuales, responsables de su propio éxito o fracaso, incluso cuando sus condiciones materiales son más precarias que las de los asalariados tradicionales.
Aquí aparece una paradoja política y social: sectores que objetivamente enfrentan mayores niveles de incertidumbre económica, inestabilidad de ingresos y ausencia de protección social se identifican crecientemente con discursos que reclaman menos Estado, menos impuestos y menos regulaciones. En lugar de demandar mayor intervención pública frente a su vulnerabilidad, una parte de estos trabajadores interpreta al Estado como un obstáculo para su desarrollo individual.
Esta contradicción tiene una explicación en la propia dinámica del nuevo mundo laboral. Para quien depende de ingresos variables, trabaja por cuenta propia o intenta sostener un pequeño emprendimiento, los impuestos, las regulaciones y los costos administrativos aparecen como cargas inmediatas y concretas. En cambio, los beneficios de la protección estatal suelen percibirse como lejanos, insuficientes o diseñados para un trabajador asalariado al que ya no representa. El Estado deja de ser identificado principalmente como garante de derechos y comienza a ser percibido como un costo adicional.
Al mismo tiempo, la cultura del emprendedurismo transforma la identidad social. El trabajador deja de pensarse como alguien que vende su fuerza de trabajo y comienza a imaginarse como una pequeña empresa. Esta percepción, estimulada por las nuevas tecnologías y los discursos de autonomía individual, puede diluir las identidades colectivas y debilitar las demandas tradicionales de redistribución. La competencia entre individuos reemplaza parcialmente a la solidaridad entre trabajadores.
Sin embargo, las necesidades de protección no desaparecen. Por el contrario, la inestabilidad de ingresos, la ausencia de cobertura frente a enfermedades, la dificultad para acceder a una jubilación y la exposición a cambios tecnológicos acelerados generan nuevas vulnerabilidades. Lo que cambia es la manera en que esas necesidades se expresan políticamente. La demanda de seguridad económica puede convivir con el rechazo a las instituciones que históricamente intentaron garantizarla.
El problema para el Estado es profundo. Sus instrumentos de protección social, sus sistemas tributarios y buena parte de sus mecanismos de representación fueron construidos para una sociedad de empleadores y empleados relativamente estables. La nueva estructura laboral exige pensar sistemas de protección independientes de la relación de dependencia, esquemas tributarios compatibles con ingresos discontinuos y mecanismos de seguridad económica que acompañen trayectorias laborales cada vez más fragmentadas.
Pero el desafío no es solamente institucional. También es político. ¿Cómo construir legitimidad para un Estado protector cuando una parte creciente de quienes necesitan protección desconfía de su intervención? ¿Cómo financiar derechos colectivos en una sociedad donde se fortalece la percepción de que cada individuo debe resolver por sí mismo su destino económico?
La inteligencia artificial profundizara esta tensión al acelerar la desaparición de ocupaciones, multiplicar las formas de trabajo autónomo y concentrar una proporción creciente del valor económico en quienes controlan la tecnología y el capital.
Tal vez una de las consecuencias políticas más importantes de esta transformación sea precisamente esa: la emergencia de una sociedad que necesita nuevas formas de protección colectiva, pero cuyos integrantes se identifican cada vez menos con las instituciones y los discursos que históricamente las hicieron posibles.
El futuro del Estado dependerá, en buena medida, de su capacidad para resolver esa contradicción. Porque el problema no será solamente cómo distribuir la riqueza en una economía que necesita menos trabajo humano, sino cómo reconstruir una demanda social de protección en un mundo que ha convertido la autonomía individual en su principal promesa.